Resumen

Alerta de violencia de Género impulsa política pública: Bárbara Yllán

Se tendría que combinar alerta con modelos de erradicación

 Tlaxcala, Tlax, a 07 de junio de 2017 (Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias).-  La Alerta de Violencia de Género (AVG) ha permitido que los gobiernos  reconozcan que existe un problema de violencia contra las mujeres y que se incluya en la política pública para atender el problema, afirmó la abogada y especialista en género, Bárbara Yllán Rondero.

Incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la AVG es un mecanismo de emergencia para enfrentar la violencia feminicida u otro obstáculo que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa).

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hasta el momento se han tramitado 22 solicitudes de alerta en el país; de éstas, han sido emitidas siete declaratorias: en julio 2015 para 11 municipios del Estado de México, para agosto del mismo año en ocho municipios de Morelos; en 2016 se decretó en 14 municipios de Michoacán, siete de Chiapas, cinco de Nuevo León y 11 de Veracruz. En marzo de 2017, se declaró en 5 municipios de Sinaloa.

LO QUE HA PERMITIDO LA AVG

Yllán Rondero, explicó en entrevista con Cimacnoticias que la implementación de la AVG no garantiza que se elimine el feminicidio pero sí funciona para revivir el tema, para posicionar la problemática y hacer que los estados “hagan cosas”, dijo.

De acuerdo con la abogada, la presión de las organizaciones civiles que buscan la declaratoria y las recomendaciones que emite el Grupo de Trabajo a los gobiernos locales, tras una investigación de análisis, permiten sentar las bases para que los estados reorganicen y fortalezcan las instancias públicas de atención para las mujeres, renueven su legislación y capaciten a los funcionarios públicos, detalló.

“La declaración de la Alerta de Género ha ayudado mucho a la política pública que se ha hecho en algunos estados, hace que los gobiernos digan ¿cómo le vamos a hacer? que se discuta el tema, que digan tenemos que trabajar por aquí”, describió Yllán, quien tras ser subprocuradora en Atención a Víctimas de la Procuraduría capitalina en los años noventa, es ahora consultora independiente.


Ejemplo es el caso paradigmático del Estado de México, resaltó Yllán.  En esta entidad, explicó, la AVG se presentó como una estrategia necesaria para posicionar, enfrentar y trabajar desde el gobierno local en los asesinatos violentos de mujeres, que desde 2005 a agosto de 2014 sumaban 933, indican cifras del informe del procedimiento de la AVG.

Pero ya en su funcionamiento, la especialista cuestionó la actuación en su implementación, “Yo pregunto en el Estado de México: ¿cuáles son las colonias donde se presentan casos de feminicidio, dónde está el cerco de estos lugares?”.

“La política pública es para toda la población de un estado, pero la erradicación tiene un componente, es focal. Yo le apuesto un 70 por ciento a Alerta, sólo para los fines institucionales”, señaló Yllán Rondero.

POLITIZACIÓN, BUROCRACIA Y RETRASO

A pesar de ser un “mecanismo de emergencia”, Yllán indicó que otro elemento que interfiere en su aplicación es la “politización del instrumento”. Decretar una Alerta implica admitir que existe un problema que no aceptan los gobiernos, expresó.

“La Alerta de Género se ha politizado mucho. Porque implica que se le decrete a un estado y eso siempre genera un rotundo no”.

Además, aseveró que desde las modificaciones al Reglamento para su aplicación –establecidas en 2013- la AVG no funciona de “manera correcta”. El objetivo de la reforma fue evitar trabas en el proceso, y que la decisión la respaldara el Grupo Experto, pero esto ha hecho a la AVG un trámite burocrático, comentó.

Como resultado, se obtienen procesos largos para analizar la procedencia de la AVG, lo que se observa en los trámites que actualmente pasan los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, y Zacatecas.