Resumen

SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Mena, la paja en el ojo ajeno

Hace una semana, el Gobernador Marco Mena afirmó, ante los medios de comunicación, que era necesario regular el costo que representan las elecciones en México. Tiene razón.

Sin embargo, el costo no implica sólo reducir el presupuesto que cada año se destina al funcionamiento de los órganos electorales, como lo dejó entrever, sino también al que va directo a los partidos políticos. Y, a la par, el recurso económico que los Gobiernos utilizan para influir en el ánimo del electorado, a fin de que éste sufrague a favor de los candidatos postulados por el partido en el poder.

En tal circunstancia, y en honor a no ser criticado de incongruente, Marco Mena tendría que retomar lo que recientemente se concretó en el estado de Jalisco, que fue la reducción de dinero público a los partidos políticos.

En esa entidad, el Congreso local aprobó una iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto para reformar la Constitución Política y la Ley de Partidos. Ahora los institutos políticos están obligados a aumentar el número de votos válidos en su favor para obtener mayores recursos económicos.

La fórmula es simple: en vez de tomar en consideración todo el padrón electoral -como sucede en el caso de Tlaxcala y el resto del país-, en Jalisco ya sólo cuenta la votación válida emitida para calcular el financiamiento que se le da los partidos. Los cálculos de ahorro que se hicieron en ese estado fueron que con la nueva fórmula habría ahorros de casi 60 por ciento.

En el caso de Tlaxcala, sería bueno observar cómo reacciona la clase política incrustada en las burocracias partidistas -incluida la que se encuentra temporalmente en el Poder Legislativo, cuyos diputados locales representan los intereses de los partidos-, con una iniciativa como esta. Lo que sí es un hecho es que Marco Mena se sumaría al deseo casi generalizado que existe en la sociedad de destinar menos dinero a los partidos.

El planteamiento pareciera un sueño guajiro si se toma como antecedente lo que se evidenció a inicios de esta administración: Marco Mena dijo “no” a una reducción salarial suya y de sus principales funcionarios de gabinete cuando el “gasolinazo” estaba en su esplendor y la inconformidad social se encontraba realmente crispada. Medida populachera, dirían sus defensores.

Pero en ese entonces, medida de ese calificativo fue que el titular del Ejecutivo no autorizara el incremento a la parada mínima en el servicio público de transporte con el argumento de un análisis, porque ya pasada la andanada, ésta va a ser autorizada debido a que estamos a cinco meses de que en Tlaxcala se libere el precio de las gasolinas, de acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión Reguladora de Energía.

Si acaso el Gobernador Marco Mena se atreviera a una iniciativa de tal envergadura en la reducción del financiamiento a los partidos políticos, también tendría que trabajar en el endurecimiento de penas cuando el recurso público y los programas sociales sean utilizados para beneficiar a candidatos o partidos políticos en una elección.

Lo que sucedió el pasado 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz -subrayadamente en el primero- es un claro ejemplo de lo que no debe presentarse en Tlaxcala, aunque algo de eso vivimos el año pasado.

Por supuesto que los dineros que se destinan a los órganos electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como sus equivalentes en los Estados, tienen que ser reducidos. Pero sería bueno empezar por poner el ejemplo en casa, no sólo observar la paja en el ojo ajeno.

Criticar sin proponer tiene poco sentido, más aún cuando el que critica tiene todo el aparato a su favor para poder cambiar las cosas. Eso sí es pecar de incongruencia.

Lineazo: La fuerza y credibilidad de un órgano autónomo dependen en mucho de quienes lo encabezan, por eso es lamentable lo que pasó en el proceso de designación del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que llega con una calidad moral altamente cuestionada.

Hay que decirlo: el Poder Legislativo hizo un cochinero de la renovación en esa institución. Cuando se trataba de dotar a la CEDH de un carácter apartidista, los diputados locales se mostraron como siempre, es decir, con rapacería y con estricto apego al interés del beneficio propio. Ya se verá lo anterior con la definición de posiciones dentro de ese organismo autónomo, que ya desde ahora se avecina lleno de intereses partidistas.

El PRD se conformará con posiciones mínimas, pero el PRI y el Gobierno, señaladamente, serán los ganones con un presidente debilitado porque el organismo no tiene ni tendrá la fuerza moral necesaria para hacer valer sus recomendaciones.