Mariano González exhorta al gobierno de Tlaxcala a fortalecer sus programas de seguridad pública y estrategias de protección de la población, y salvaguardar los derechos humanos

La actual administración carece de medidas oportunas y efectivas que garanticen la seguridad pública, protejan el patrimonio de las familias y aseguren el respeto a los derechos humanos

Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala  auditar los contratos, licitaciones y adquisiciones realizadas durante la gestión de la actual administración en materia de seguridad pública,

Revisar que los recursos públicos se hayan ejercido con apego a la legislación y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales conforme a derecho procedan

Ciudad de México a 22 de marzo de 2022 (Redacción).- Presenta el diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tlaxcala a fortalecer sus programas de seguridad pública y estrategias de protección de la población, y salvaguardar los derechos humanos para atender, contener y prevenir el incremento de los delitos

Mariano González Aguirre, diputado  federal en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,  sometió a consideración  proposición con punto de acuerdo:

La ingobernabilidad y el clima de inseguridad prevaleciente durante los últimos meses en el estado de Tlaxcala, ha hecho que se posicione rápidamente como una de las demarcaciones más peligrosas del país debido, entre otros aspectos, a la falta de una estrategia integral ocasionando que se eleven sustancialmente los hechos delictivos, entre ellos robos a mano armada, homicidios, extorsiones, cobro de piso y asaltos carreteros.

La actual administración carece de medidas oportunas y efectivas que garanticen la seguridad pública, protejan el patrimonio de las familias y aseguren el respeto a los derechos humanos, por el contrario, es evidente la ausencia de coordinación y la carencia de presupuestos públicos específicos encaminados a la contención y prevención de los delitos.

Para poner en perspectiva esta situación, basta señalar que el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (Sesnsp) arrojó que durante el año pasado en Tlaxcala se denunciaron un total de 4 mil 527 delitos, de los cuales, por lo menos 3 mil 301 fueron contra el patrimonio, 494 contra la vida y la integridad corporal, además de 502 contra otros bienes jurídicos afectados entre ellos narcomenudeo, amenazas y allanamiento de morada.1

Durante el mismo periodo, múltiples organizaciones de la sociedad civil como “Causa en Común”, documentaron que los eventos de alto impacto en dicho estado se incrementaron en 148 por ciento, al pasar de 27 registrados en 2020 a 67 en 2021.2

Es una realidad que la inseguridad se ha incrementado de manera exponencial, así lo comprueban los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) al Cuarto Trimestre de 2021, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que Tlaxcala de Xicohténcatl incrementó su percepción negativa al pasar de 41.9 al 49.1.3

Lamentablemente uno de los sectores más afectados es el del autotransporte público y de carga, que diariamente moviliza productos de la canasta básica, los cuales, resultan necesarios para la subsistencia de las familias. En todo el estado, pero principalmente en la zona sur, son objeto de robos, asaltos, secuestros y extorsiones por parte de organizaciones del crimen organizado quienes presuntamente al amparo de las autoridades cometen actos contrarios al marco jurídico vigente.

Ante la ausencia de una estrategia de seguridad eficaz y eficiente durante la pandemia, han crecido 39 por ciento las denuncias de cibera coso entre personas de entre 12 y 17 años, poniendo en riesgo la integridad física, psicológica y en el peor de los casos la vida. Dicho dato la ubica entre las 10 entidades con el mayor número de sucesos, por arriba de la media nacional.

Tampoco, debemos olvidar que en agosto de 2021 Tlaxcala se sumó, tardíamente, a las entidades con alerta por violencia de género, casi dos años después de presentarse la solicitud por parte de colectivos y organizaciones civiles, y que no es un secreto que en la entidad opera desde hace años una de las redes de prostitución infantil y trata de personas más grandes a nivel global y que cuenta con un alcance internacional.

Por si esto no fuera suficiente, la presente gestión ha consolidado a Tlaxcala como la cuarta entidad del país más corrupta, esto a decir de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Entre las cifras que lo sustenta está que 42.6 por ciento de sus afiliados han sido víctimas de corrupción y 53.7 por ciento de algún delito, entre ellos cobro de piso y robo de mercancía o vehículos.4

Ante la ausencia de las autoridades, se han dado conatos de justica con propia mano, ejemplo de ello es el acontecido el pasado 10 de febrero en la comunidad de Tlacochcalco del municipio de Tepeyanco, donde habitantes intentaron linchar a un presunto asaltante o la muerte de dos supuestos asaltantes sobre la carretera México- Veracruz a la altura del municipio de Xaloztoc.5

Ante este grave panorama, organizaciones de la sociedad civil han hecho un enérgico llamado para que el gobierno estatal fortalezca sus programas de seguridad, de protección a la población y de respeto a los derechos humanos, en un marco de coordinación con el Gobierno federal y de los municipios a efecto de atender, contener y prevenir actos contrarios a la ley.

Llama la atención que en lugar de destinar mayores recursos para la atención de los delitos, la prevención de actos antijurídicos y la coordinación con las autoridades de procuración e impartición de justicia, se hayan destinado presupuestos públicos para la compra de softwares de espionaje que intervienen celulares y acceden a sus micrófonos y cámaras. Al respecto, deben transparentar los montos totales, las licitaciones realizadas, las empresas beneficiadas y los contratos pactados para dicho fin pero, sobre todo, sancionar su uso inadecuado, debido a que podrían vulnerarse derechos fundamentales de cualquier persona, como el de la intimidad.

Después de poco más de tres años de haber sido implementada la “estrategia” de seguridad de “abrazos no balazos”, ni el Gobierno federal, ni los gobiernos estatales afines han podido demostrar con evidencia empírica que haya avances en la materia, al contrario, el importante aumento de los asesinatos y de la violencia en sus diferentes formas son evidencia clara de su fracaso.

Diariamente la población es testigo del incremento en los índices de criminalidad en las diferentes entidades del país, y Tlaxcala no es la excepción. En este estado no sólo no ha funcionado dicha estrategia, sino que no se ha logrado articular una política coherente que frene la violencia, la cual atenta contra la tranquilidad e integridad de los habitantes.

Asimismo, debemos recordar que el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala en la actual administración, Alfredo Álvarez Valenzuela, abandonó su cargo desde el 21 de noviembre del 2021, ante los señalamientos en su contra por acoso sexual y desaparición de personas. A menos de tres meses de arrancar el nuevo periodo de gobierno, ya teníamos un Secretario prófugo de la justicia, y no cualquier Secretario, el encargado de la seguridad de las y los tlaxcaltecas.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, no podemos ser omisos a la debacle en materia de seguridad por la que está pasando el estado de Tlaxcala y su población. No toleraremos que la incompetencia de un gobierno sea la causa del sufrimiento de miles de tlaxcaltecas.

Bajo estas consideraciones, es imperativo y urgente fortalecer los programas de seguridad pública a fin de atender, contener y prevenir el incremento de los delitos, así como auditar los contratos, licitaciones y adquisiciones realizadas durante la presente administración, para revisar que los recursos públicos se ejerzan en el marco de la Ley, de no ser así, interponer las sanciones administrativas y penales correspondientes.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, fortalezca sus programas de seguridad pública, estrategias de protección a la población; así como las medidas de respeto y salvaguarda de los derechos humanos a efecto de atender, contener y prevenir el incremento de los delitos registrados en la entidad, los cuales durante la presente administración han puesto en riesgo la vida, integridad y patrimonio de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones auditen los contratos, licitaciones y adquisiciones realizadas durante la gestión de la actual administración en materia de seguridad pública, para revisar que los recursos públicos se hayan ejercido con apego a la legislación y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales conforme a derecho procedan.