50+1 reprueba las acciones de remoción contra legisladoras locales de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax., a 08 de junio de 2020 (Redacción).- Muchos han sido los esfuerzos de millones de mujeres para lograr en México un marco jurídico que garantice nuestra participación en la vida política y pública en igualdad de oportunidades con los varones.

A un año de haberse promulgado la legislación en materia de paridad total en México, queda claro que uno de los imprescindibles y más importantes fines de los partidos políticos debiera ser promover la participación activa, en paridad e igualdad de condiciones de mujeres y hombres en candidaturas para cargos de elección popular y designación, pero especialmente en la toma de decisiones. La mejor forma de hacer posible el espíritu de las normas, es con acciones concretas, acciones afirmativas que garanticen estos principios fundamentales de justicia.

Lamentablemente, aún hay resabios de incomprensión sobre el concepto de igualdad sustantiva y lo que sucedió en el Congreso del Estado de Tlaxcala el pasado 28 de mayo durante la discusión sobre el particular, ejemplifica lo que en muchos otros estados sigue evidenciándose: las resistencias que aún erigen muros tanto de líderes de partidos como de legisladoras y legisladores a avanzar con respeto y sororidad hacia el abatimiento de la desigualdad histórica que en cuanto a ejercicio de poder, sigue existiendo entre mujeres y hombres.

Los pronunciamientos públicos y las acciones que se concretaron para eliminar el artículo transitorio que especificaba, de acuerdo a la legislación constitucional que las mujeres encabecen las listas de representación proporcional en el siguiente proceso electoral, son clara muestra de las razones que hacen necesario contar con legislación contra la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Las remociones de las diputadas Irma Yordana Garay  Loredo y María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi de las presidencias de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Finanzas respectivamente; y, la destitución del diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; a la luz de lo sucedido, más parecen represalias a su convicción de votar a favor del artículo transitorio citado que reordenamiento orgánico, como se argumentó en la sesión.

De la misma forma aparece, la remoción de la diputada Leticia Hernández Pérez como coordinadora de su fracción parlamentaria, así como su destitución del Comité de Administración y de las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Electorales, sin el mínimo diálogo al que obliga la cortesía política.

Es inadmisible que en el marco de la discusión de leyes que protegen los derechos de las mujeres, entre ellos el de no sufrir violencia política de género, se hayan concretado tales actos de intimidación y menoscabo de sus derechos. Las acciones mencionadas, atentan contra su juramento de trabajar a favor de las y los tlaxcaltecas; la sociedad habrá de demandárselos.

50+1 acompañará las acciones políticas y legales que el grupo de legisladoras y legisladores emprendan, como todas y todos deberíamos hacer por mandato legal; visibilizar es existir y en el silencio, ningún reconocimiento es posible. Callar en este caso sería, como dice la ley, ser omisas o tolerantes a la violencia política contra las mujeres en México.

Por tal motivo, senadoras, diputadas federales y locales, académicas, empresarias, magistradas y ciudadanas que integramos el colectivo nacional de mujeres 50+1, manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento a las diputadas y diputados que con valentía y compromiso, se han erigido, en este momento histórico, como verdaderos aliados de la igualdad y la ley.