Diputadas piden que ante reajustes presupuestales se garanticen los recursos para la atención de las mujeres

Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva se reunió con representantes de la Segob y Presidencia

 La violencia se ha exacerbado durante la emergencia sanitaria: Laura Rojas

Ciudad de México a 29 de abril de 2020 (Redacción).- El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, integrado por la presidenta de la Mesa Directiva, titulares de comisiones y diputadas de todos los grupos parlamentarios, manifestó la necesidad de que en los reajustes presupuestales por la emergencia sanitaria, se garanticen los recursos destinados a la atención de las mujeres.

Para tal propósito, las legisladoras acordaron integrar una mesa de trabajo para revisar el presupuesto contra la violencia de género, que está en el Anexo 13 del Presupuesto de Egreso de la Federación, además de fortalecer otros rubros con enfoque de igualdad.

En una reunión virtual con la directora del Área de Protección Integral para las Mujeres de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Alicia Leal, y con Gemma Santana, directora de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, las diputadas señalaron la importancia de que la atención de la violencia contra las mujeres se considere esencial.

La violencia se ha exacerbado durante la pandemia: Laura Rojas

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, señaló que “la otra pandemia es la violencia de género que se ha exacerbado por la emergencia sanitaria; por eso, en el marco de la reasignación del presupuesto no tendrían que tocarse algunas partidas”.

Planteó la posibilidad de integrar un exhorto para solicitar al Ejecutivo federal que los recursos que están destinados para la atención de las mujeres, no se vayan a otras cosas.

Segob y Presidencia

La representante de la Segob, Alicia Leal, afirmó que los servicios de atención a las mujeres son esenciales todo el tiempo. La urgencia, manifestó, es generar confianza entre las instituciones, porque “hoy se tienen programas que no han dado resultados y ahí están los cuerpos de las mujeres y de las niñas y están matando más que las que mata el COVID”.

“No hemos construido capacidad de respuesta y las mujeres se han mantenido a flote, pero necesitamos ayudarlas a que se mantengan sanas y salvas y, muchas veces, no denunciar es lo que las mantiene vivas, por eso hay que tener cuidado en cómo enfocar las políticas, porque promover la denuncia sin capacidad de respuesta ha sido mortal para la mayoría de las mujeres”, comentó.

Consideró que la atención especializada está dispersa, por eso la necesidad de homologar un servicio que esté disponible 24/7. Añadió que puntos importantes para la atención integral son: participación de los municipios, servicios gratuitos y confidenciales, generación de un expediente único, así como bases de datos y medición de impacto.

Expuso a las legisladoras la Estrategia Violeta, la cual es una forma de ampliar la capacidad de respuesta a los responsables para que atiendan de manera correcta a las mujeres, así como armar un esquema de financiamiento en corresponsabilidad con los tres niveles de gobierno.

La propuesta es que todos los recursos que están dispersos operen bajo un modelo centrado, así como unificar y estandarizar los mínimos de atención con una inversión entre Federación, estados y municipios. Además, estimó viable crear una Norma Oficial sobre cómo operar un refugio y que haya una evaluación directa de las usuarias.

Por su parte, la directora de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, Gemma Santana, comentó que es importante avanzar de la mano con las legisladoras, y en ese sentido trabaja el gobierno federal.

Participación de las diputadas

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), hizo un llamado para que dentro del decreto de austeridad presentado por el Ejecutivo federal, se considere esencial todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres. “Hay que analizar los cambios legislativos y presupuestales, hacer una gran articulación de recursos y orientarlos a proteger la vida de las mujeres”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez manifestó su preocupación por el aumento de las denuncias de agresiones contra las mujeres durante la emergencia sanitaria. “La violencia feminicida y todas sus modalidades se sigue ejerciendo; el decreto de austeridad deja bastante incertidumbre porque enlista 38 programas, pero no dice qué pasará con otros, por ejemplo, los que están en el Anexo 13 del Presupuesto”. Planteó revisar el presupuesto para hacer una propuesta aterrizada para el PEF 2021 en la parte de la atención terciaria.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) indicó que en marzo se realizaron 115 mil llamadas a las autoridades por parte de mujeres violentadas, por eso, dijo, hay que ver de qué manera contribuir. “Valdría la pena integrar una red para subsanar las deficiencias del sistema de atención; un acuerdo pro bono que involucre a organizaciones civiles.” Añadió que es necesario establecer presupuesto claro que no sea objeto de ningún tipo de recorte porque también hay una pandemia de violencia.

La diputada Verónica Sobrado Rodríguez (PAN) subrayó la importancia de mantener los recursos en los rubros de igualdad. También consideró que se debe encontrar la manera de garantizar el acceso a la protección a las mujeres, pero no sólo en las grandes ciudades, sino en los más 2 mil municipios del país.

Del PT, la diputada Marta Dekker Gómez estimó que hace falta atención psicológica para los hombres en un primer nivel. “La propuesta tiene que estar orientada a atender a los hombres que están violentando porque la mayoría son de círculos cercanos a las mujeres”.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), comentó que hay dos temas preocupantes: la propagación del virus de forma incontenible y que ya alcanzó a las comunidades originarias y, por otro lado, el reajuste presupuestal, del cual pidió no se quite más al INPI, ni se afecte a los pueblos indígenas