SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Elecciones y vacunas
El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en polarizar su relación con los gobernadores. Lo hizo al inicio de su administración con el nombramiento de súper delegados en cada una de las entidades federativas, de quienes muchos advertían la partidización de éstos porque varias candidaturas morenistas saldrían de esos funcionarios y funcionarias. Era, pues, una clara plataforma electoral.
Después del ultimátum presidencial para que todos los funcionarios federales que buscaran una candidatura renunciaran, un total de ocho súper delegados lo hicieron. Fue el caso de Tlaxcala con Lorena Cuéllar Cisneros, y fue el caso también de aquellos en Nayarit, San Luis Potosí, Guerrero, Chihuahua, Baja California Sur, Colima y Guerrero.
De esos ocho, tres consiguieron la candidatura a la gubernatura: Índira Vizcaíno por Colima, Juan Carlos Loera Por Chihuahua y Lorena Cuéllar por Tlaxcala. Sin embargo, sin excepción, todos los súper delegados hicieron trabajo político-electoral desde el cargo que tenían para no sólo posicionarse entre la población, sino para obtener la candidatura.
Resulta ahora que no sólo serán las delegaciones la cuña que apriete a los gobernadores, principalmente a los de oposición. En plena pandemia del coronavirus, con el inicio de la distribución y aplicación de las vacunas, el gobierno de López Obrador determina ahora que en cada una de las entidades federativas del país, será nombrado un coordinador de las brigadas especiales de vacunación Covid-19.
Cuál será su función. El Diario Oficial de la Federación, en su publicación de este jueves, las delinea: el denominado coordinador de las brigadas especiales tendrá a su cargo la estrategia operativa que se implemente a nivel local para llevar a cabo la vacunación para la mitigación y control de la enfermedad Covid-19.
Este coordinador, precisa el mismo Diario Oficial, podrá requerir el apoyo de las autoridades estatales y municipales, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, para el desempeño de las actividades que estime necesarias, así como obtener la participación de los particulares para tales fines.
Con lo anterior, en pocas palabras, el gobierno federal centraliza el trabajo de vacunación y relega a las autoridades estatales. Acaso el coordinador podrá requerir el apoyo de éstas, pero no es una obligación.
El problema es que con la centralización, en pleno periodo electoral, la vacunación podrá ser capitalizada por el presidente López Obrador, quien con esta decisión se mete de lleno a la contienda para favorecer al partido al que pertenece, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El objetivo: ganar la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Los gobernadores están atados de manos. Dependen, como el de Tlaxcala, de una buena relación con el gobierno federal, para colaborar. Pero no pueden maniobrar más allá porque no tienen margen para hacerlo.
En la primera semana de este año, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez manifestó, ante los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y funcionarios federales, la intención de comprar vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, ni el mandatario ni las autoridades de salud del estado han explicado cuánto es lo que se invertiría, a quién se le comprarían las vacunas y cuándo llegarían a territorio tlaxcalteca para ser aplicadas. No se sabe, incluso, si ya comenzaron negociaciones con las empresas desarrolladoras de las vacunas.
Hay buenas intenciones, pero hacerlas realidad será muy difícil. Tal vez cuando la administración estatal lo haga, ya habrán pasado las elecciones o incluso terminado su periodo gubernamental. Y el gobierno federal habrá capitalizado la vacunación a favor de su partido y sus aliados.