Entra en vigor la reforma de procesos de licitación, presentada por el diputado Vicente Morales Pérez - Linea de Contraste

Entra en vigor la reforma de procesos de licitación, presentada por el diputado Vicente Morales Pérez

Tlaxcala, Tlax., a 10 de junio de 2022 (Redacción).- El Diputado Local de Morena, Vicente Morales Pérez, celebró la entrada en vigor de la reforma por la cual se transparentan en Tlaxcala los procesos de licitación pública de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

El congresista señaló que las dependencias encargadas de contratar las obras públicas, tendrán que seguir criterios más claros para cumplir su función, lo que evitará las malas prácticas relacionadas con la decisión de elegir contratistas o determinar condiciones de contratación, terminación y recepción de las mismas.

Lo anterior, luego de que el “Decreto no.108” por el que se reformó la fracción II del artículo 44, y las fracciones I y XX del artículo 73, pertenecientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, se publicó en el Periódico Oficial.

Por lo anterior, la Oficialía Mayor de Gobierno será la entidad responsable de realizar los procedimientos pertinentes hasta la etapa del fallo respectivo que se emita, y la Secretaría de Infraestructura, la facultada para realizar la ejecución de las obras licitadas y demás actos inherentes a las mismas.

Al respecto, el legislador Morales Pérez destacó que en administraciones pasadas existía falta de claridad en los procedimientos para contratar obra pública, que dio la oportunidad de “saquear las arcas del gobierno con actuaciones apegadas a derecho”.

“Se podía inflar cifras o dar obras a los amigos a conveniencia, por ejemplo, o contar con partidas secretas. Pero eso tiene que terminar. Por eso aprobamos una nueva reglamentación en esta Legislatura, y ya fue publicada en el Periódico Oficial”, expresó.

Finalmente, destacó que con esta reforma, se establecen las bases para garantizar la mejor aplicación y desempeño de los recursos públicos en materia de obra pública, a fin de dar certeza de transparencia y rendición de cuentas, lo que evitará el desvío de recursos, obras de mala calidad o con sobreprecios y prácticas de mala fe.