Exigen transportistas al Ejecutivo vetar reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes

No descartan movilizaciones masivas, paros o hasta confrontaciones con las plataformas privadas.

Tlaxcala, Tlax, a 25 de febrero de 2020 (Gerardo Santillán).- Unos 20 concesionarios del transporte público organizados en el Frente Estatal de Transportistas, se entrevistaron este martes con el Secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, para solicitarle que el Ejecutivo no publique las recientes reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado aprobadas por el Congreso Local, ya que se pondría en riesgo el trabajo de más de 5 mil 400 conductores.

Previamente, habían enviado un oficio con sus consideraciones de por qué no se debe hacer esa publicación, pero centralmente porque permitir la explotación de las aplicaciones digitales de movilidad a empresas privadas, traerá consigo competencia desleal y riesgos para los usuarios.

Incluso, dejaron abierta la posibilidad de realizar manifestaciones masivas o incluso de provocar un paro del transporte público, para demostrar la fuerza que tienen y que su aportación a la economía y desarrollo de Tlaxcala es de suma importancia.

El que vehículos particulares ofrezca el servicio de traslado tipo taxi, pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de permisionarios, quienes están obligados a pagar dos mil pesos de refrendo anual por su concesión y son miles de ellas, mientras que las plataformas privadas hacen un pago único de 13 mil pesos.

En su oficio, los transportistas piden al Ejecutivo vetar y desechar la “sucia reforma a la Ley”, pues el dictamen original era a favor de los concesionarios, pero por artimañas de algunos Diputados se favoreció a los monopolios de las plataformas privadas, que representan inseguridad, saqueo y explotación.

Por lo tanto, también advirtieron de posibles confrontaciones entre permisionarios y los choferes de las aplicaciones,  porque además de movilizarse van a detener a las unidades de PRONTO y UBER, lo cual será motivado por la desatención  que tenga el Ejecutivo a su demanda.