Hoy terminamos con una larga historia de impunidad y corrupción

 

Al decretar la reforma constitucional que prohíbe las partidas secretas, hemos acabado con una época infame de abuso del poder.

La comisión permanente decretó el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tlaxcala, Tlax, a 07 de mayo de 2021 (Redacción).– a establece una prohibición absoluta respecto a la existencia de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto significa un cambio transcendental en materia política, histórica y jurídica.

Los gobiernos anteriores desvirtuaron el sistema presidencial y la partida secreta se desvinculó de su objetivo original y se convirtió en una herramienta de corrupción por la que el presidente disponía arbitrariamente de los recursos del pueblo sin ningún tipo de rendición de cuentas.

Por ejemplo, el uso de la partida secreta en el gobierno de Miguel Alemán, las erogaciones adicionales alcanzaron el 6.5% del gasto total, de igual forma durante el gobierno de Luis Echeverría alcanzaron más del 24% del total del gasto y para el gobierno de Salinas de Gortari llego a los a 4 mil 634 millones de pesos en promedio.

Por lo anterior la senadora Ana Lilia Rivera mencionó en su posicionamiento desde el pleno del Senado de la República, que las partidas secretas son hoy inaceptables en un contexto democrático, cuyo fin esencial es la supresión del poder arbitrario, es una inconsistencia constitucional cuando todos los gobiernos deben cumplir al mandato de máxima transparencia que debe existir en el uso de los recursos públicos, por lo tanto la reforma que hoy se decretó es un acto emblemático para la superación del viejo régimen de gobierno autoritario y corrupto, que resulta substancial para avanzar en la transformación profunda de nuestro país en su tránsito hacia un auténtico estado democrático de derecho dónde no hay cabida para actos de poder que queden fuera del escrutinio del pueblo.

PARTIDAS SECRETAS

Son “cajas negras” de recursos públicos a disposición discrecional del Presidente de la República y tienen su origen desde 1917, pensadas con un fin legitimo para que el jefe del Gobierno Federal pudiera hacer frente de manera inmediata a situaciones imprevistas que pusieran en riesgo el orden público.