SIN FILIAS Y SIN FOBIAS Por JOSÉ JACINTO VEGA

El “Ombudsperson” de defensores de derechos humanos y comunicadores tlaxcaltecas

La semana anterior el Ejecutivo estatal anunció la creación de la Oficina para Protección de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno,  que se dijo tendrá la tarea de investigar y castigar las agresiones a los comunicadores. Al día siguiente, designó al frente de dicha oficina al reportero Leonel Tlalmis Robles.

Sin entrar en detalles sobre los méritos profesionales de Tlalmis que, si bien ha ocupado vocerías públicas y reporteado para uno de los medios de mayor circulación de la entidad, no se ha significado por haber hecho periodismo de investigación, ni por tareas de analista o difusor de opinión pública o, como activista, o defensor de causas sociales, lo que incluye lo relacionado con los Derechos Humanos. Veamos que hay en torno a esta nueva oficina.

La oficina recién creada es simplemente una réplica del mecanismo centralizado que implementó la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal por instrucciones del Presidente de la República, el cual adolece de los vicios del centralismo político y ha sido ineficaz para dar seguridad a los periodistas y defensores de derechos humanos, a lo que se agrega que en las últimas semanas el Presidente se ha dado a la tarea de generar un ambiente hostil en contra de diversos comunicadores que simplemente le caen mal.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, instancia creada en 1980 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que: “[…] El Ombudsman es una institución que protege a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la administración pública, que pueden afectar sus derechos y garantías fundamentales,” Lo que da a esta figura el carácter de Defensor contra actos de abuso de autoridad. Por tanto, esta defensoría debe ser una entidad autónoma de toda estructura del poder público, de lo contrario convierte a este en juez y parte en casos a donde se denuncie a algún servidor público. Ello da paso a diversas interrogantes.

Primera: El titular de la Secretaría de Gobierno, expresó que la oficina protectora creada trabajará de forma autónoma. Lo anterior, aún y cuando no hay un marco jurídico para ello, lo que literalmente convertiría en NO legales todos los actos de dicha oficina defensora. La autonomía anunciada queda en entredicho, ya que, ¿cómo podría actuar esta defensora, si hipotéticamente el denunciado fuese el Secretario de Gobierno, quien administrativamente será su jefe, o si el caso involucrase a la titular del Ejecutivo? claro hipotéticamente.

Segunda: El Secretario adjudicó a Tlalmis la calidad de conocedor en materia de Derechos Humanos y de los mecanismos para la seguridad de los periodistas. La defensa de los Derechos Humanos no es un asunto menor, requiere de conocimientos generales del Derecho, al menos en las materias constitucional, civil y penal, así como del marco convencional internacional que les protege, a lo que debe sumarse una férrea convicción para asumir como forma de vida su defensa. En Tlaxcala, sin duda, hay profesionales del periodismo con sólida formación para ello. Cada quien debe evaluar si el designado lo es.

Tercera: La prisa por dar una respuesta a los reclamos de defensores y comunicadores sobre su seguridad, dista mucho de ser el cumplimiento de un compromiso del Ejecutivo estatal en la materia, ya que, crear una instancia sin marco jurídico previo y, sin una valoración profunda sobre su integración, la cual se muestra más a modo del gobierno que de los presuntos defendidos, parece más un acto para salir del paso que para realizar acciones concretas para proteger a dos de las actividades que en los últimos años se han convertido en profesiones de alto riesgo. El “Ombudsperson” de defensores de derechos humanos y comunicadores tlaxcaltecas, genera más dudas que certezas.