SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Legislativo, reforma retrógrada
Si el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez actúa en forma congruente, la recién aprobada reforma a Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado tendría que ser vetada. Si ésta no es publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, no podrá entrar en vigor por más movilizaciones que los transportistas y concesionarios del servicio público lleven a cabo en la capital del estado.
Lo que aprobaron los diputados locales que se asumen de la Cuarta Transformación (Morena, PT y PES, a los que sumó el diputado ex perredista y ahora neopetista Miguel Ángel Covarrubias) va en contra de ellos mismos si acaso alcanzan la gubernatura en 2021: en los hechos representará una falta de ingresos para la administración estatal. Y ante un gobierno federal que cada vez más da a cuenta gotas recursos a las entidades federativas, los dineros que podrían entrar pueden contar mucho.
Sin embargo, parece que esa facción legislativa no piensa en el mediano y largo plazos, sino en la coyuntura política que les representa ganar el voto de un sector claramente vinculado a la delegada federal Lorena Cuéllar Cisneros, a quien apoyaron en las elecciones locales de 2016.
Los diputados locales, con su decisión de este martes, cierran la puerta a la libre competencia. Otorgan un cheque en blanco a un sector de transportistas que, por una parte, explota a sus trabajadores del volante al exigirle cuotas económicas mínimas de entrega y, por otra, cierra cualquier posibilidad de una modernización necesaria al transporte público, la cual incluye mejor trato a los usuarios y unidades motoras en mejores condiciones.
Pero, además, los legisladores que aprobaron las reformas a la ley respaldaron un claro conflicto de interés del diputado morenista Miguel Piedras Díaz, responsable de haber presentado el año pasado la iniciativa ante el Pleno, a sabiendas que él es uno de los concesionarios que ahora pretende beneficiarse con las reformas aprobadas por una mayoría legislativa.
Hay que decirlo claro. Es uno de los concesionarios que pretende beneficiarse con la falta de competencia dentro del sector autotransporte, porque en los próximos días su júbilo de ahora podría convertirse en frustración al no ver publicada la reforma en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Y con él, varios de sus compañeros que este martes sitiaron la sede del Poder Legislativo como presión para exigir sus conveniencias.
El titular del Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, tiene ante sí un grave problema que puede, y debe, atajar no publicando la reforma de esta ley. Cuenta, para ello, con el respaldo mucho más amplio que un sector como el que ayer se manifestó en detrimento de quienes llevan a cabo sus actividades cotidianas en la capital del estado
Ya en una pasada entrega, en este espacio, recordábamos que un probable veto se hace suponer no sólo por la falta de competencia que habría en el sector del transporte público en detrimento del usuario, sino también porque dentro del paquete económico para el ejercicio fiscal de este año, los criterios de política económica prevén el cobro por los derechos causados por la operación y/o administración de aplicaciones y plataformas informáticas en la prestación del servicio privado de transporte de chofer.
La pelota se encuentra ahora del lado del Ejecutivo local. Veremos si éste actúa como debe hacerlo, o si los operadores de las plataformas actúan por la vía jurídica con la presentación de amparos, si acaso el mandatario estatal no pone un alto a los intereses político-electorales de una fracción legislativa.