SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ
La desunida apertura
En el pésimo manejo que de la pandemia ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era claro que las entidades federativas no respondieran al unísono, en unidad, como desde un principio fue la propuesta de un grupo plural de personajes de peso nacional, encabezado por Cuahutémoc Cárdenas. El resultado ahí está: un plan de apertura de la economía que todo mundo ve con recelo, incluido el propio sector industrial.
El plan de apertura debió haber sido consensuado entre el presidente de la República, la Secretaría de Salud (SESA) federal y los gobernadores, acompañados por sus propios funcionarios del sector salud. Sin embargo, fue un plan unilateral, dejando a las entidades federativas la decisión final de la apertura, sin el apoyo que para eso requieren.
De manera particular, los gobiernos federal y estatales debieron acordar las medidas sanitarias, aquellas de protocolo indispensable, que ponen énfasis en la protección que deben llevar a cabo las empresas para con sus trabajadores. Lo anterior, además del número suficiente de pruebas, que los especialistas califican de indispensable para no caer en un rebrote, y que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha minimizado.
En esa circunstancia, era de esperarse que gobernadores de varios estados salieran al paso, entre ellos el de Tlaxcala, que si bien sigue sin enfrentar directamente al gobierno federal, los funcionarios del gabinete que han tenido participación en esta pandemia han precisado límites. No era necesario llegar tan lejos si el gobierno federal hubiera actuado con responsabilidad desde el inicio de la pandemia. Pero eso ya es parte del pasado.
En la realidad que nos aqueja, resulta paradójico que un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la reforma a la Constitución Política del estado de Baja California, que amplió el periodo de gobernador electo de dos a cinco años, el titular del Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, estuviera acordando con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que Tlaxcala no fuera incluida en las mediciones de incidencia junto con Puebla, al registrar momentos diferentes de la pandemia.
Una funcionaria federal que en diferentes momentos ha sido relegada en sus funciones por el canciller Marcelo Ebrard, y que el lunes sufrió un mazazo al haber respaldado, en su momento, al gobernador de Baja California en sus intentos de ampliación de mandato, no es la más idónea para acordar, menos aún en competencias de salud que no le corresponden.
Ese es un ejemplo de la necesidad que tienen las entidades federativas, y demuestra también el desbarajuste que existe en el gobierno de López Obrador, quien pese a lo cual aún goza de un amplio respaldo popular en las encuestas. Sin embargo, ese apoyo aparente no es el mismo que aquel que tenía antes de comenzar la pandemia.
Si las cosas continúan como hasta ahora, y la apertura del sector industrial en un momento álgido de la pandemia, como es el actual, no da resultados, ese respaldo disminuirá aceleradamente. Sólo hay que tomar en cuenta que nada pega más a una persona, que un golpe en sus bolsillos.
Todos los pronósticos señalan una fuerte caída en la economía con la pérdida de miles -y hasta millones- de empleos debido al cierre de empresas. Así que si los pronósticos se cumplen, indefectiblemente el presidente resentirá el apoyo, que hasta ahora tiene su base en los programas clientelares manejados desde la Secretaría del Bienestar.
Tal vez por eso, previendo que se viene lo más difícil, López Obrador haya escogido este momento para que el ejército saliera a las calles a realizar tareas de seguridad que no le corresponden. Pero ni aún así, lamentablemente, detiene su obcecada tarea de dividir desde sus mañaneras. Ya no se diga de apoyar, con hechos, a las entidades federativas.