SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Renta mínima universal para Tlaxcala
Horacio González
Concluido el encierro al que miles de tlaxcaltecas están obligados debido a la pandemia, el regreso de muchos a sus actividades cotidianas será difícil y tormentoso. Muchas fuentes de trabajo habrán cerrado y costará mucho encontrar empleo.
Tan solo en el mes de abril se perdieron más de medio millón de empleos en el país, pero la cifra crecerá, de eso no hay duda. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estima que se están perdiendo diariamente 20 mil fuentes laborales en el país.
Eso mismo ha propiciado el surgimiento de varias propuestas, con el propósito de ayudar temporalmente a quienes perdieron su trabajo. En Tlaxcala la situación hizo que la diputada local perredista, Laura Yamili Flores Lozano, resurgiera una iniciativa presentada por ella en 2018, a fin de crear la Ley de Seguro de Desempleo.
La legisladora considera que esta ley “garantizaría que los apoyos lleguen de manera institucional y sin tintes políticos”, pero reconoció que se requiere voluntad por parte del gobernador Marco Antonio Mena para modificar el presupuesto de este año.
En este momento, sin embargo, pareciera que la iniciativa es de corto alcance. Y lo es porque los beneficiarios serían sólo aquellos que tuvieron un empleo formal en una empresa o institución pública durante un plazo mínimo de seis meses.
En una entidad federativa estado donde siete de cada diez personas trabajadoras pertenecen a la informalidad, la iniciativa queda corta. Por eso a nivel nacional han surgido otras propuestas que abarquen también a los trabajadores informales. Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió poner en marcha un salario solidario financiado por las empresas y el gobierno federal para proteger el empleo y garantizar la supervivencia de las empresas ante el impacto económico de la emergencia sanitaria.
La propuesta es que durante la suspensión de actividades, el sueldo de los trabajadores se cubra por una contribución del patrón y una del gobierno. La iniciativa, sin embargo, abarca también sólo al sector formal. Por eso, a principios de este mes de mayo, surgió la propuesta de la presidenta de la Cámara de Diputados federal, Laura Rojas, para otorgar un salario mínimo a aquellos mexicanos que sufran afectaciones en sus ingresos debido a la contingencia sanitaria.
Esta iniciativa ha sido respaldada por diputados de varios partidos políticos, como Morena, el PRD y Movimiento Ciudadano, que coinciden en el argumento de todos los mexicanos tengan derecho a una renta básica universal equivalente a un salario mínimo que los proteja. Lo anterior equivaldría a un apoyo económico directo que se entregaría a través de tarjetas o los medios que sean necesarios por un monto de 3 mil 746 pesos, por tres meses, pero es difícil que se concrete por la posición que ha asumido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Resulta, entonces, que una propuesta así podría ser factible para Tlaxcala porque su puesta en marcha reduciría los efectos negativos de la pandemia y aceleraría la reactivación económica, aunque para hacerla efectiva se requiere de voluntad política no solo del Ejecutivo estatal, sino de los legisladores locales.
El principal problema es encontrar los recursos económicos para hacerla efectiva. En su momento, los diputados tuvieron oportunidad de reorientar recursos por el orden de los 480 millones de pesos, pero por cálculos políticos se negaron a hacerlo, incluida la propia legisladora perredista Laura Yamil Flores Lozano.
Sin embargo, de agravarse la situación económica, los integrantes de la actual legislatura local y el gobernador podrían analizar la posibilidad de que el estado recurra al endeudamiento. Momentos como el actual, bien valen la pena para que las diferencias naturales entre los actores políticos se hagan a un lado.
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