SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Congreso, la deseada reforma electoral
La reforma electoral que se discutió el jueves pasado en el Congreso del estado, desnuda de cuerpo entero lo que sucede en el país: una polarización que estará en el escenario político hasta que concluya el proceso electoral del próximo año y se conozcan sus resultados. Hasta entonces, las fuerzas políticas estarán en la posibilidad de concretar acuerdos. No antes.
En el caso de Tlaxcala, la polarización se observa no sólo en la disputa por el poder que ya existe entre los diferentes partidos políticos, sino al interior de todos ellos por las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular.
La diferencia de posiciones es natural cuando está en juego el poder, pero es peligrosa cuando se lleva a extremos de no escuchar al contrario y descalificarlo. Eso fue lo que sucedió el jueves pasado en el Legislativo.
Con la iniciativa rechazada para que fueran las mujeres quienes encabezaran las fórmulas de las diputaciones de representación proporcional en los comicios de 2021, el Congreso local quedó partido en dos, como lo ha estado desde meses anteriores, sólo que más todavía. Lo grave es que la gobernabilidad en el poder Legislativo está sostenida con alfileres.
No sólo es que las representaciones partidistas estén confrontadas, sino que la fuerza mayoritaria –en la que se incluyen los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)- también lo está, originado por la disputa de la candidatura a la gubernatura entre los grupos que encabezan la delegada federal Lorena Cuéllar Cisneros y el senador Joel Molina Ramírez.
Con tal polarización en el escenario, y tratándose de que puede no ser necesaria una reforma constitucional sobre el tema, existe el peligro de que un solo voto sea el que defina una necesaria reforma electoral. Y entonces entraríamos a un tobogán del cual podrían salir debilitadas autoridades, entre ellas el propio Ejecutivo estatal.
En ese escenario de confrontación que se visualiza, tanto el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) como el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) estarán en una constante presión y descalificación por parte de los contendientes. Y entonces las elecciones venideras se judicializarán a tal extremo, debilitando incluso a quien se le dé la razón.
Es posible que el resultado de la no reforma al artículo transitorio de la ley electoral sea impugnada ante los órganos jurisdiccionales y que de ahí surja una decisión que deberá ser acatada por todos los actores políticos, sin embargo, ¿por qué haber llegado a ese extremo sabiendo que los plazos siguen corriendo para concretar una reforma electoral de más amplio calado?
Ayer se conoció una parte del contenido de una propuesta realizada por el TET, pero es seguro que otros actores, como el propio ITE y los partidos políticos, presentarán las suyas. De una amplia discusión entre los legisladores de todas las bancadas debe salir una reforma de consenso que permita la elección de autoridades fortalecidas.
Para ello, sin embargo, será importante la madurez de las diputadas y los diputados, más allá de los intereses personales que cada uno pueda tener, lo cual es válido. Pero detonar desde dentro los acuerdos por cuotas de poder, de índole personal o partidista, es una cosa diferente porque eso sólo profundiza la polarización, tan indeseada en estos tiempos de pandemia, de crisis económica y de incertidumbre laboral en muchas familias.