SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Congreso, ¿hubo violencia de género?

Las desaveniencias políticas que en los últimos días ha vivido el Congreso del estado, abren una excelente oportunidad para indagar el comportamiento de algunos diputados y diputadas para concretar reformas a diversas leyes locales en materia de violencia de género. Tan delicado como es, el tema sí puede dar para presentar recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) o, al menos, procedimientos sancionadores ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

La decisión de que las diputadas que fueron afectadas con la remoción de sus cargos en las presidencias de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Finanzas, así como de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, da lugar a una duda lo suficientemente razonada para iniciar procedimientos en contra de quienes votaron por removerlas. El motivo: una reforma electoral que incluía el hecho de que en el proceso electoral de 2021, las diputaciones plurinominales fueran encabezadas por mujeres.

Esa reforma no fue aceptada dentro de un artículo transitorio en la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, haciendo uso grosero de una mayoría legislativa de apenas por un voto, en el que participaron hombres y mujeres por igual.

Vale la pena referir que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han señalado que la violencia política de género comprende todas aquellas acciones u omisiones encaminadas a menoscabar o anular sus derechos político-electorales tan solo por ser mujer, lo que incluye el ejercicio de cualquier cargo público.

En estricto sentido, la reforma a la ley electoral fue eso: no incluir a las mujeres en el privilegio de encabezar las diputaciones plurinominales en 2021, con el argumento de que en 2018 las encabezaron. Esa mayoría legislativa se olvida, sin embargo, que el déficit democrático y normativo en materia de paridad no es aún una realidad en el estado.

Así que lo anterior representa una gran oportunidad para que los órganos jurisdiccionales hagan un análisis del comportamiento de una mayoría legislativa, que por supuesto tiene nombres. Eso mismo le da un aderezo diferente a una eventual inconformidad, porque si alguna diputada o diputado resulta con un comportamiento comprobado, estaría imposibilitado para participar como candidato en 2021.

Y es que, atendiendo a una interpretación sistemática, funcional y consecuencialista de la Constitución Política, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto que quien comete violencia política de género, no reúne el requisito de elegibilidad para encabezar una candidatura, que es tener un modo honesto de vivir.

La Sala Superior lo establece de la siguiente manera: “el modo honesto de vivir, como requisito de elegibilidad, consiste en que, quien aspire a la reelección inmediata en un cargo público, en su actuar como servidor público debe respetar la prohibición de violencia política por razón de género”. Y precisa: “En efecto, se debe considerar que el modo honesto de vivir, como requisito de elegibilidad, queda desvirtuado mientras la conducta se comete”.

Ese solo hecho da un matiz diferente a una eventual impugnación. Ya veremos si algún legislador o legisladora afectada da el paso y abre esa posibilidad. O como siempre, se acuerda una negociación política, también válida en una asamblea urgida de alejarse de una polarización que en nada beneficia, ni a ella ni a la sociedad.

Lineazo: Una forma de evitar futuras impugnaciones sobre el hecho de que las mujeres encabecen las diputaciones plurinominales en el proceso electoral del próximo año, es una reforma electoral en la que se precise que éstas sean encabezadas por los candidatos perdedores mejor votados en los distritos.

Lo anterior sería el reconocimiento a un trabajo político realizado en campaña, lo mismo que un respaldo ciudadano recibido durante su proselitismo. Alentaría, también, la competencia y la participación ciudadana en las urnas.