SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Irma Garay, ¿incapacidad o irresponsabilidad?
Peor trabajo para sacar adelante y con el mayor éxito posible una reforma electoral para Tlaxcala, no puede haber. La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del estado, Irma Yordana Garay Loredo, no está pudiendo con el trabajo y los tiempos se le fueron encima.
Lo anterior implica, si el resto de los legisladores no interviene, que esta reforma quedará corta a las necesidades que la realidad exige, y que muchas decisiones serán definidas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET). En pocas palabras, serán unas elecciones judicializadas de principio a fin.
Conociendo los tiempos legales para concretar las reformas, resulta que la legisladora petista Irma Yordana Garay presentó apenas el 27 de julio una iniciativa para reformar dos ordenamientos legales: la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación. Es decir, apenas dos leyes de las varias que existen en la materia, entre ellas la de Partidos, la Municipal y la propia Constitución Política local.
Sus iniciativas fueron presentadas, en conjunto con la diputada Leticia Hernández Pérez, una semana después de que fueron explicadas –pero entregadas hace al menos un mes- por el ITE y por el TET ante la Comisión de Asuntos Electorales, cuyo desinterés de los legisladores locales fue evidente por el montón de ausencias que se registraron.
Pero a la irresponsabilidad de Garay Loredo se suman también las dirigencias estatales de los partidos políticos. Apenas este miércoles presentaron una iniciativa conjunta los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) e Impacto Social SÍ.
Aunque la iniciativa fue firmada por siete de las doce fuerzas políticas que existen en Tlaxcala, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local no puede dejarlas todas a un lado. Si lo hace sería de gran irresponsabilidad política por más que algunas de las propuestas puedan ser calificadas como disparatadas, como el hecho de incrementar de 10 a 15 las diputaciones plurinominales, y pasar de 25 a 30 el total de diputaciones locales, conociendo la rapacidad con la que los actuales legisladores –varios de los cuales aspiran a la reelección- se han comportado con los dineros que no son suyos.
Así, con el tiempo encima, los legisladores tienen un mes para aprobarlas, confiando en que el titular del Ejecutivo estatal las publique de inmediato en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, aunque sea en un número extraordinario, para que entren en vigor.
De lo que en un principio se trataba era que el dictamen que saliera de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales fuera un documento convergente, que sirviera para disminuir los recursos impugnativos derivados de vacíos y contradicciones legales, o de la interpretación que hicieran los consejeros y consejeras electorales a las normas existentes.
La importancia de esto último es mucha porque significaría una mayor legitimidad de las autoridades que se elegirán en 2021, entre ellas el hombre o la mujer que llegará a la gubernatura.
La diputada Garay Loredo apela a un acuerdo político dentro del Congreso del estado para evitar diferencias que alarguen más una reforma en la materia, y sumar en éste al Ejecutivo y a los ayuntamientos en caso de una reforma a la Constitución Política local. Sin embargo, a pesar de su confianza, parece ser que la ingenuidad le gana a la legisladora cuando sabe que en la Cámara existen diferencias hasta ahora irreconciliables a causa de la deposición de cargos que ha derivado en impugnaciones aún no resueltas por los órganos jurisdiccionales.
Ojalá en este caso la realidad sea diferente a lo que se percibe de los hechos. Por lo pronto, lo que ahora se ve es una irresponsabilidad en los trabajos parlamentarios, como lamentablemente ha sido el sino en la actual Legislatura. Qué pena.