SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Congreso, la experiencia morelense
Si la actual Legislatura no trabaja con cuidado la reforma electoral, ésta podría tener la misma suerte que aquella aprobada por la actual Legislatura local del estado de Morelos: el fracaso.
No sólo se trata de una reforma electoral que involucra la modificación de varios ordenamientos electorales, como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos y la de Medios de Impugnación, sino también a la Constitución Política local. Para el caso de esta última, es necesario del voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de sus miembros, es decir, 16 votos de un total de 25.
Ese es el primer dique, pero existen otros dos: a) la aprobación que deberá hacer la mayoría de los 60 ayuntamientos de la entidad y b) la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por lo cual requiere tener el visto bueno del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para que no sea vetada. Hasta ese momento se podrá decir que ya existe reforma, no antes.
En Tlaxcala ya hay un antecedente de que lo aprobado por el Congreso no necesariamente se hace realidad, como sucedió cuando los diputados y diputadas aprobaron que los municipios entregaran de manera mensual sus cuentas públicas, y no trimestral como sucede ahora. O cuando el titular del Ejecutivo ha recurrido al veto por no estar de acuerdo en el contenido de reformas legales, como el Código Financiero y la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en al Manejo del Presupuesto Público.
Lo sucedido en Morelos tiene que ser tomado en cuenta en Tlaxcala por el Congreso local, con el propósito de no repetir una experiencia similar. La legislatura de aquella entidad aprobó una reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, amplió el número de diputaciones locales de 20 a 24, agregaba la figura de diputación indígena y quitaba candados para que los partidos políticos nacionales que hubieran optado por su registro local no fueran considerados de reciente creación, con lo cual podían hacer alianzas con otros institutos políticos para no perder su registro.
Para decirlo claro, lo aprobado por el Congreso de Morelos fue una reforma claramente cargada a favor del partido gobernante, que ahora está en manos del ex futbolista Cuahutémoc Blanco. No solo eso, sino que la discusión inició el 29 de mayo y culminó el 02 de junio con la votación respectiva, cuando la fecha límite era el 31 de mayo para concretarla. Es decir, la estratagema fue haber puesto a funcionar el “reloj legislativo”.
Todo se vino abajo, sin embargo, cuando una mayoría de ayuntamientos morelenses determinó no aprobar esa reforma constitucional.
Algo similar podría verse en Tlaxcala si la reforma que se busca concretar no cuenta con el consenso necesario de las fuerzas políticas, entre ellas el partido gobernante, por más que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados hoy sean mayoría en el poder Legislativo.
Ese es el riesgo de trabajar a contrarreloj, resultado de iniciativas presentadas de última hora y de trabajos parlamentarios en los que una mayoría de legisladores se ha desatendido, dejando a algo secundario una responsabilidad tan importante como legislar en materia electoral. No es cualquier reforma. Es una que tiene por objeto el traspaso del poder. Nada más.
Lineazo: Es una pena lo sucedido en la compañía periodística Síntesis. Su edición impresa desaparece para dar paso a una versión digital. Una decisión que implica la desaparición de empleos en un momento económico difícil a causa de la pandemia del coronavirus. Ya desde marzo sus trabajadores laboraban en paros técnicos y con el pago del 50 por ciento de sus salarios. La determinación de quien ahora tiene la responsabilidad de esa empresa, hijo de Armando Prida, ya estaba tomada, sólo que la crisis precipitó las cosas.