SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Órganos autónomos incómodos

El presidente Andrés Manuel López Obrador no cesa en su amenaza contra los órganos autónomos. Arremetió con fuerza a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta convertirla en un cero a la izquierda con la designación de María del Rosario Piedra Ibarra.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la infestó con sus propuestas y maniobró para que uno de los suyos llegara a la presidencia; fue así que desde el poder Judicial se hizo el malabarismo necesario para, por mayoría, cumplir el objetivo presidencial de llevar a cabo una consulta que para muchos constitucionalistas era improcedente.

López Obrador tampoco ha cejado de arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE). Y ha el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dado bandazos en varias de sus resoluciones, sobre todo con la creación de nuevos partidos políticos, ha sido por la intromisión presidencial.

Más recientemente, el tabasqueño ha enfocado sus baterías contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). Su argumento es que el gobierno siga ahorrando porque el organismo es de poca utilidad. Su pretensión es que la Secretaría de la Función Pública se haga cargo de la transparencia en México.

En los últimos días ha sido publicada un sin fin de notas informativas sobre lo problemático que es conseguir información del gobierno federal vía transparencia. Por ejemplo, El Universal reportaba ayer que los primeros dos años de la 4T superan negativas registradas en el mismo periodo de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En total, 24 mil 852 ocasiones dependencias federales negaron información durante 2019 y 2020.

En los municipios morenistas las cosas no son diferentes. Por ejemplo, de acuerdo con Animal Político, el municipio de Texcoco, encabezado actualmente por Sandra Luz Falcón Venegas, ex colaboradora de Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública, se ha negado a entregar información al INE para continuar con la investigación sobre el presunto diezmo que los empleados entregaron en la administración de Gómez y que terminó en operación electoral a favor de Morena.

El INE solicitó al ayuntamiento de Texcoco información en cuatro ocasiones a través de oficios enviados entre 2018 y 2020 sin que la administración de Falcón Venegas cumpliera, según se advierte en el Informe de la Comisión de Fiscalización del INE sobre los procedimientos administrativos sancionadores, elaborado en diciembre pasado.

Así que, imagínese usted la fiesta que haría el gobierno federal con el hecho de que la Secretaría de la Función Pública fuera la encargada de la transparencia. Una fiesta similar a la que seguramente hizo Manuel Bartlett Díaz, a finales del año pasado, al ser exonerado después de una investigación sobre su patrimonio.

Lo más grave de todo, si es que en todo esto hay algo menos grave, es que una reforma que implique la desaparición del INAI se reproducirá en cascada en todas las entidades federativas. No es que el Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (IAIPTlax) sea un organismo ejemplar en el trabajo que realiza, pero sí al menos ha enderezado al camino que dejaron destrozado sus antecesores.

Los esfuerzos que se hagan por fortalecer la transparencia siempre serán bienvenidos por ser necesarios, pero insuficientes por las constantes arremetidas gubernamentales. Por eso será siempre indispensable levantar la voz en la defensa de los órganos autónomos, como el INAI. Aunque no guste en las alturas.

Lineazo: Algo grave sucede en la esfera gubernamental del estado con respecto a la transparencia. Son varios los funcionarios que han sufrido el contagio del coronavirus, pero la información escasea al respecto. Ha sido mediante filtraciones periodísticas que los tlaxcaltecas no hemos enterado de esos contagios. Eso ha hecho de falta de transparencia, lamentablemente, se traslada a otros ámbitos.

El caso más reciente tiene que ver con Anabell Ávalos Zempoalteca, quien salió a informar sobre su contagio minutos después de que la información de trascendido comenzó a salir en los medios informativos.

Que no se equivoquen quienes laboran en la administración pública. Por el solo hecho de ejercer una función de primer nivel, o por el cargo que buscan alcanzar, la salud de los funcionarios y de los políticos, es una información de interés público.