Subraya Ana Lilia Rivera papel de legisladores en reformas de corte social
Ciudad de México a 14 de septiembre de 2020 (Redacción).- La política social implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido “acertada y coherente con un nuevo proyecto de nación en el que la justicia social es el eje rector de la administración, con un enfoque de derechos y una proyección a mejorar, no sólo la vida de la población actual, sino a gestar una futura sociedad más próspera e igualitaria”, aseveró la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera.
Durante la glosa del segundo informe de gobierno de López Obrador en materia social, Ana Lilia Rivera destacó los diferentes programas que ha implementado la administración federal en ese rubro.
Así, en la sesión ordinaria de este lunes 14 de Septiembre, Rivera Rivera enfatizó los logros obtenidos en beneficio de sectores vulnerables, como los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Al respecto, la representante popular tlaxcalteca subrayó el papel de los legisladores federales, quienes generaron un nuevo marco jurídico, incluyendo reformas a varios artículos de la Constitución Política de México.
“El actual gobierno, junto con esta honorable legislatura, ha dejado ya una marca en la historia nacional de los derechos humanos, al transformar algunos programas sociales en auténticos deberes para el Estado”.
Ana Lilia Rivera refirió que de septiembre de 2019 a junio de 2020, el gobierno federal otorgó pensiones a más de 8.3 millones de personas adultas mayores, de las cuales más de ochocientas mil residen en municipios o localidades indígenas.
Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente asignó apoyos económicos a más de 842 mil personas, de las cuales más de 167 mil residen en municipios o localidades indígenas o afromexicanas.
De igual manera, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” ha beneficiado a 11.7 millones de alumnos.
Por último, Ana Lilia Rivera destacó la combinación de la política social con una política medioambiental, para resarcir los daños ocasionados por prácticas de consumo desproporcionadas, derivadas de las directrices del modelo económico neoliberal.